LA TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE SU CONTROL: ESPECIAL INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO.


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“SIEMPRE ES BUEN MOMENTO PARA SER TRANSPARENTE”.

Siempre es, o al menos debe serlo, una buena oportunidad para ser transparentes en el ejercicio de la actividad pública, con los límites que la normativa nos impone, y todo ello teniendo en cuenta que la actuación de las distintas administraciones debe estar orientada a servir con objetividad los intereses generales, debiendo respetar y promover la transparencia en el conjunto de tales actuaciones (art. 3 de la Ley 40/2015).

Pues bien, con ocasión de la grave situación sanitaria (COVID 19), el Gobierno ha suspendido los plazos para la tramitación de las consultas en el Portal de Transparencia aprovechando la declaración del estado de alarma (pasado 14 de marzo) por la emergencia por el coronavirus. El fundamento (claramente cuestionable) para “congelar” el derecho a acceder a la información publica es el previsto en la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sobre suspensión de plazos administrativos.

Miguel Ángel Blanes, en su blog sobre Transparencia y Gobierno abierto, realiza con la maestría que le caracteriza, una serie de comentarios a raíz de la nota del Portal de Transparencia (17/4/2020) donde señala que efectivamente se confirma el apagón informativo sobre el Covid-19 durante el estado de alarma, subrayando estas dos importantes consecuencias/conclusiones:

“En el estado de alarma no se pueden suspender derechos fundamentales. Cuando se suspende el derecho de acceso a la información pública, se está suspendiendo también derechos fundamentales: a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (art. 20.1.d), a participar en los asuntos públicos (art. 23.1) y a acceder a la información pública cuando lo ejercita un cargo electo (concejal, diputado o senador) (…)”.

(…) Suspendemos el derecho de acceso a la información pública durante el estado de alarma, precisamente cuando más falta hace, en lugar de potenciarlo y facilitar el rápido acceso a la misma por parte de los periodistas y medios de comunicación que conforman la opinión pública libre e informada”.

En base a este importantísimo deber de transparencia, de pureza del conjunto de la actividad pública, me dispongo a realizar un estudio sobre cómo entiendo que debería operar la transparencia en las actuaciones de control interno, todo ello con fundamento en la normativa vigente, en el contexto en el que nos encontramos y en el análisis empírico de cómo está operando este principio de transparencia en la actualidad.

NORMATIVA APLICABLE SOBRE EL PPIO DE TRANSPARENCIA EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

– Art. 5 (Publicación activa) Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos re-utilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la re-utilización de la información publicada, así como su identificación y localización.

Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos

– (Art. 8) Se deberá hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:

· Contratos;

· Convenios y encomiendas de gestión;

· Subvenciones;

· Presupuestos;

· Cuentas anuales y los informes de auditoria de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

– El art. 26 señala los principios de Buen Gobierno, señalándose que se actuará con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

– El principio de transparencia se consagra como uno de los principios generales de la Ley junto con los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, de responsabilidad y de lealtad institucional (en este se incluye el deber de facilitar información al resto de las Administraciones Públicas sobre la actividad desarrollada).

– La contabilidad, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Igualmente estarán sometidas a disponibilidad pública las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos y parámetros en los que se basen. (Art. 6).

Se publicarán para general conocimiento los informes de Informes sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto (art. 17).

– El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá publicar información económico-financiera de las Administraciones Públicas con el alcance, metodología y periodicidad que se determine conforme a los acuerdos y normas nacionales y las disposiciones comunitarias. También se debe (“harán público) el periodo medio de pago a los proveedores en los términos que se establezcan por parte de todas las AAPP, así como sus entidades y organismos vinculados (Art. 27).

– La existencia de una central de información en el seno del Mº Hacienda, de carácter público, que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas (art. 28).

Ley 47/2003, General Presupuestaria

– La transparencia se encuentra entre los principios por lo que se ha de regir la programación presupuestaria (art. 26).

– Los sujetos que integran el sector público estatal adecuarán su gestión económico-financiera al cumplimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos fijados y de la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, en un marco de objetividad y transparencia en su actividad administrativa (art. 69).

– (art. 136) La obligación de publicar determinada información, con distintas periodicidades, sobre la ejecución del presupuesto y sus modificaciones, operaciones de tesorería etc. (en el BOE).

También, la Cuenta General del Estado, la Cuenta de la AGE, las cuentas anuales de las restantes entidades del sector público estatal y el informe de auditoría de cuentas (en el en el portal de la Administración presupuestaria).

Los informes generales de control con los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías de cada ejercicio serán objeto de publicación en la página web de la Intervención General de la Administración del Estado (art. 146)

– Para la determinación de los requisitos adicionales a comprobar en el ejercicio de la función interventora (Requisitos básicos) se atenderá especialmente a aquellos requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad y transparencia en las actuaciones públicas (art. 152).

(CONTROL INTERNO)

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente.

– La Resolución que apruebe el plan anual de actuaciones de control financiero permanente, siempre que su publicación no suponga un perjuicio para las funciones de control, se publicará por la IGAE en el portal de la Administración Presupuestaria y en el Portal de Transparencia (disposición 5ª).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública.

– La Resolución que apruebe el plan anual de auditorías siempre que su publicación no suponga un perjuicio para las funciones de control, se publicará por la IGAE en el portal de la Administración Presupuestaria y en el Portal de Transparencia (disposición 5ª).

Del conjunto de la normativa mencionada nos encontramos ante la clara necesidad de que la actuación en el marco de la actividad económico-financiera y de su control se lleve a cabo de una manera claramente transparente. Y es que desde el punto de visto del control ¿Cómo no se debe actuar de esta forma cuando precisamente los órganos encargados de este control deben operar como un instrumento básico en el proceso de rendición de cuentas de la gestión realizada? Dar cuenta de toda la actividad pública responde a la necesidad de dar a conocer a los ciudadanos cómo actúan y funcionan sus administraciones, dicho sea de paso, administraciones cuyos gastos son sufragados por aquellos.

Y es que la normativa citada puede y debe ser considerada de mínimos, ¿o es que algo impide que no se pueda ser más transparentes en la ejecución de nuestras actuaciones de control, siempre que no se ponga en riesgo la propia actividad de control? El control de la actividad económico-financiera realizado tiene como objetivo fundamental: verificar que las actuaciones realizadas se adecuan a la legalidad y que la dicha gestión se adecua a los principios de buena gestión financiera (eficacia en el logro de los objetivos, eficiencia en la gestión y empleo de los recursos públicos y que se prestan servicios de calidad a los ciudadanos). Por todo ello, ¿Qué mal se hace o qué limites existen a que se dé a conocer cuántos informes de control se van realizando?, por ejemplo, cuando se fiscaliza la actividad contractual o de subvenciones públicas (pensemos en el impacto presupuestario que tienen ambas materias).

Pues aun así queda mucho por avanzar, del análisis conjunto del art. 5 de la Ley 19/2013 y del art. 146 de la LGP podemos observar, entre algún que otro incumplimiento, que no se vienen publicando los informes generales que debe emitir la IGAE sobre los principales resultados de la ejecución de los planes de control financiero permanente y auditoría pública (el último informe publicado data del año 2010). Pero voy más allá, no solo deberían publicarse estos informes globales, sino que todos los informes individualizados de control, ya sea de control financiero o de auditorías, deberían ser objeto de publicación en algún portal dedicado al efecto, o bien, en la propia web oficial del propio ente controlado, y siempre en un formato accesible y público.

Estos informes de control son básicos y esenciales para que el proceso de rendición de cuentas pueda cerrar su ciclo mediante la exposición pública de cuantas debilidades, incorreciones e incumplimientos han sido detectados. Lo que se debe buscar con la transparencia no es solo dar a conocer como funciona la actividad pública en esta materia y ahí quedarse (inmovilidad), sino que también debe servir para que se pueda evaluar el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para mejorar las actuaciones irregulares o que deben ser objeto de mejora (Ciclo de mejora continua).

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PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA RELATIVO AL CONTROL INTERNO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (MODALIDAD FUNCIÓN INTERVENTORA)

En materia contractual, el principio de transparencia, como una de las principales preocupaciones del legislador comunitario y de la sociedad general, pasa a ser uno de los grandes objetivos de la LCSP (Preámbulo, “lograr una mayor transparencia en la contratación pública”). En este punto, debemos acudir a lo dispuesto (con carácter de mínimos) en el artículo 63 de la LCSP, referido al Perfil de Contratante, donde se señala:

“2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación. En cualquier caso, deberá contener tanto la información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información particular relativa a los contratos que celebre”

Se añade en un apartado 3º la información que debe ser objeto de publicación (“al menos”), entre otros, la memoria justificativa, objeto del contrato, convocatoria de licitaciones, de adjudicación etc.

La fiscalización (previa) en materia contractual (dejando fuera del presente estudio los supuestos exentos de fiscalización previstos en la normativa) se basa esencialmente en la emisión de informes previos a la adopción de los distintos actos administrativos de gasto que se proponen:

  • De aprobación del gasto –> inicio del expediente (fase interna)
  • De compromiso del gasto –> previo a la adjudicación del contrato (fase externa)
  • De reconocimiento de la obligación –> previo a la realización de los pagos ante prestaciones recibidas de conformidad por la administración.

Aparte de estos informes, llamémoslos generales, puede requerirse (por su exigencia) la actuación por parte de la Intervención para otro tipo de actos (prórrogas, modificaciones, resoluciones contractuales, actas de recepción objeto de las comprobaciones materiales de la inversión etc.) que se pueden derivar de la tramitación del expediente contractual.

Pues bien, cabe plantearse si los mismos (informes de fiscalización) deben ser objeto de algún tipo de publicidad.

El art. 116 al regular el expediente de contratación, señala en su apartado 3º que: “Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato (…) Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. Es decir, el informe de la Intervención sobre la propuesta de aprobación del gasto debe ser incorporado al expediente, por lo que debe entenderse que forma parte del mismo ya que sin él no puede o debe (sería un supuesto de omisión de la función interventora por ser la misma preceptiva) continuar el expediente.

También el art. 138.5 del Reglamento, relativo al expediente de contratación en los contratos de obras, dispone que debe incorporarse al expediente antes de su aprobación, la fiscalización previa en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las correspondientes normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas.

En un estudio conjunto de los citados preceptos, podemos concluir que, dado que estos informes de fiscalización forman parte del expediente contractual, y aunque la normativa contractual solo parece referirse expresamente a los informes relativos al acto de fiscalización relativo a la aprobación del gasto, el resto de informes emitidos por la intervención pueden y añado yo “deben” (principio general de actuación en un marco de objetividad y transparencia en su actividad administrativa –> Art. 69 LGP) ser también objeto de la debida publicación en el perfil del contratante, todo ello por lo señalado con carácter de mínimos en los ya citados arts. 63.2 LCSP –> El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación”, arts. 5, 8 de la Ley 19/2017, y también por respeto a los ciudadanos que tienen el legítimo derecho a conocer (rendición de cuentas).

Puedo, ya sí, finalizar con la siguiente conclusión o reflexión:

“Al igual que la actividad pública no puede ser entendida sin un control sobre la misma, tampoco lo puede ser un control que no sea visible al ciudadano”

3 Comments

    1. Buenas noches Pilar. Muchas gracias, me alegro de que te haya gustado.
      Esta posibilidad de regula para el ámbito de la AGE en la Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Los motivos para ello:
      Evitar en lo posible el contacto social e interferir lo menos posible en una gestión clara situación de excepcionalidad. No obstante lo anterior, cuando interventor no acuda se deberá levantar igualmente acta firmada por los asistentes y remitida a la intervención. Un saludo.

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