LA MEDICIÓN (EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO) COMO INSTRUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

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Me gustaría comenzar el presente artículo con unas breves reflexiones iniciales:

Los encargados de tomar las decisiones en el sector público deben estar dotados de las más modernas técnicas de gestión capaces de contribuir de manera eficaz en el difícil proceso de tomas de decisiones. Entre estas técnicas deben estar incluidas aquellas que son capaces de medir lo que se hace, sólo así seremos capaces de controlar lo ejecutado/realizado con el fin de que se puedan adoptar las medidas oportunas que permitan mejorar la gestión pública garantizando un mejor servicio público a los ciudadanos.

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En la vorágine en la que nos encontramos inmersos actualmente: falta de recursos económicos (llegan tarde y mal), la necesidad de atender con urgencia determinadas necesidades públicas, la posible dejadez o falta de capacitación de los gestores públicos, o de los propios órganos de control y un largo etc. de otras razones, ha desembocado en situaciones poco deseable de decisiones públicas adoptadas “sobre la marcha”, sin que se haya llevado a cabo un adecuado estudio de medición del comportamiento de la actividad pública desempeñada, incluyendo la propia realizada por los agentes públicos inmersos en el proceso gestión y de toma de decisiones.

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Toda la actividad pública debe ser susceptible de ser medida, y es que la medición, bien realizada, va a aportar datos relevantes sobre la gestión, así como su impacto en la sociedad (ejecución de políticas públicas). Una vez dicho esto, y no pretendo generalizar, ¿Nos importa medir la actividad pública (gestión)?, ¿estamos realmente midiendo nuestra actividad?, y si lo estamos haciendo ¿estamos obteniendo datos relevantes para medir correctamente la actividad pública al objeto de que pueda ser mejorada?.

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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: DESDE EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS A SU UTILIZACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO ECONÓMICO Y SOCIAL.

La contratación pública aparte de ser la herramienta empleada por las administraciones públicas para proveerse de los bienes y servicios públicos necesitados se constituye también como un instrumento de gobernanza y estratégico para el desarrollo económico y social (con crecimiento inclusivo).

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Y es que como se ha anticipado anteriormente, ¿Cómo rendimos cuentas a los ciudadanos de nuestra actividad si no les damos datos objetivos y relevantes de nuestra gestión pública? A través de una adecuada medición de la actividad contractual seremos capaces de garantizar con éxito un sistema adaptado a los sistemas modernos y a la altura de las exigencias de transparencia, sostenibilidad, eficacia, eficiencia, igualdad, concurrencia y de rendición de cuentas.

Todos estos elementos actúan en clara sintonía con las exigencias actuales de lo que hoy denominamos y entendemos por BUEN GOBIERNO[1] (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece unas medidas para asentar lo que hoy se conoce o define como buen gobierno y de transparencia). Sobre este extremo, la vigente LCSP ha venido a implantar un conjunto de medidas en consonancia con los ejes fundamentales de todo buen gobierno:

  • Contribuir a lograr un mayor crecimiento económico y desarrollo social.

  • Cuidar la reputación de las administraciones públicas y garantizar una adecuada modernización de las mismas capaces de dar respuesta a los cambios que se puedan producir en el entorno (sociales, medioambientales, económicos, tecnológicos, etc.), permitiendo con ellos una auténtica y necesaria revitalización de las instituciones públicas.

  • Afrontar con garantías la lucha contra la corrupción.

  • Lograr una administración más eficaz en el logro de sus objetivos y eficiente en el uso de los recursos públicos puestos a su disposición.

Una vez llegados a este punto, podemos preguntarnos ¿Cómo podemos medir la implementación de las medidas necesarias para cumplir con estos objetivos? A continuación, proporciono algunas “humildes” ideas:

A) DE TRANSPARENCIA:

El principio de transparencia, como una de las principales preocupaciones del legislador comunitario y de la sociedad general, pasa a ser el gran objetivo de la LCSP (Preámbulo, “lograr una mayor transparencia en la contratación pública”). Al objeto de cumplir con el mismo debemos ser capaces de medir, al menos, los siguientes datos:

  • ¿Existe un sistema integrado de información confiable que garantice la disponibilidad de datos, políticas etc. en forma accesible, abierto a su tratamiento, suficiente, interoperable, íntegro y oportuno?
  • ¿Permiten los sistemas vigentes garantías para el ejercicio de la publicidad pasiva, a través de las solicitudes de acceso a la información obrante en los expedientes de contratación pública por parte de cualquier ciudadano?
  • ¿Se cumple con las exigencias normativas en materia de publicación de contratos?
  • ¿Se cumple con la licitación de los contratos de forma electrónica?
  • ¿Se utiliza (in)debidamente los procedimientos de contratación más restrictivos de la concurrencia y libertad de acceso?

Fuentes de datos posibles: Marco normativo, perfiles del contratante, plataformas de contratación, control interno, sistemas de gestión…

B) DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

En este punto se debe analizar la existencia, y sobre todo la efectividad, de disposiciones normativas que tipifican actividades fraudulentas, corrupta o de tráfico de intereses/influencias y a la vez establecen las responsabilidades y sanciones para aquellos empleados públicos, empresas o particulares involucrados en tales actividades.

¿QUÉ DEBEMOS EVALUAR?

  • ¿Existe un auténtico marco de lucha contra la corrupción, con definición de objetivos, alcance? ¿Se ha creado algún tipo de ente supervisor que venga a cumplir un rol significativo en esta materia (personal cualificado, ajenos a influencias de tipo político etc.?
  • ¿Qué canales existen para reportar cualquier sospecha de corrupción o tráfico de influencia?, ¿existen garantías legales de protección de los denunciantes?. En este punto es preciso traer a colación que el próximo 16 de septiembre (2019) parece que será aprobada la Directiva Europea que protegerá a los denunciantes de corrupción, que tendrá que ser transpuesta por los Estados miembros dentro de los dos años posteriores a su aprobación, lo que supone un plazo que finalizará en septiembre de 2021.
  • ¿Se han aprobado programas de capacitación en integridad capaces de generar una autentica conciencia social y entendimiento sobre la importancia que tiene la integridad para prevenir, o en su caso, detectar el fraude, corruptela o conflicto de intereses? – PROGRAMAS DE COMPLIANCE (aplicable a entes públicos, proveedores)
  • ¿Existen mecanismos o medidas concretas que permitan identificar sistemáticamente los riesgos de corrupción o para que los mismos sean mitigados o atenuados?
  • ¿Existen fuentes de datos estadísticos y abiertos (publicados) sobre los procedimientos legales/sentencias en esta materia?

Fuentes de datos posibles: Encuestas de percepción, análisis del marco jurídico, evaluación del control interno, auditorías, comprobación de datos vía perfil del contratante. Para mejorar el marco existente de Integridad en materia de contratación publica en el ámbito local sugiero la descarga y análisis de la Guía Integridad en la Contratación Pública Local publicado por la RED de Entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP y elaborado por un grupo de expertos en materia de contratación, bajo la impecable coordinación de Concepción Campos Acuña).

C) DE UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA EFICAZ, PERO SOBRE TODO EFICIENTE:

Conviene poner de relieve, en primer lugar, la importante diferencia que existe entre los conceptos de EFICACIA y EFICIENCIA:

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El pasado mes de abril publiqué en mi blog https://reflexionesdeuninterventor.wordpress.com/ un post sobre: “LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA NO ES UNA OPCIÓN, ES UNA OBLIGACIÓN. 6 PROPUESTAS CLAVE PARA SER MÁS EFICIENTES” LINK . Estas 6 claves que apuntaba en el mismo son:

  1. Creer en la eficiencia, lo que significa y asimilar la idea de que podemos y debemos ser eficientes.
  2. Interiorizar que los recursos públicos deben ser tratados como si fueran los nuestros propios.
  3. No ver la contratación pública sin la necesaria interconexión con el ámbito presupuestario.
  4. Apostar decididamente por los sistemas de racionalización de la contratación.
  5. Establecer vías de seguimiento de la eficiencia contractual. Indicadores de gestión y resultados.
  6. Asentar líneas de acción para afrontar los resultados obtenidos del seguimiento.

¿QUÉ ELEMENTOS DEBEMOS EVALUAR PARA MEDIR LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA?

Para un correcto análisis de eficiencia deberán tenerse en cuenta los aspectos que se detallan a continuación (Tribunal de Cuentas, 2015): El análisis de costes; El análisis de los factores de producción (recursos humanos, materiales, etc.); El análisis de los procesos; Otras posibles áreas, que quedarán delimitadas por su importancia dentro del funcionamiento de la organización o por la existencia de riesgos detectados.

  • ¿Se lleva a cabo una adecuada planificación de los contratos?. En caso afirmativo, se proporcionan datos suficientes y relevantes dando a conocer al marcado las futuras necesidades y la forma en que se pretende llevar a cabo la contratación?
  • ¿Se encuentran justificadas y priorizadas las necesidades públicas?
  • ¿Se promueve el empleo de sistemas de racionalización de la contratación?
  • ¿Se cuenta con medios pertinentes para determinar correctamente los precios de los contratos?
  • ¿Existe una correcta aprobación y supervisión del régimen de los modificados contractuales?
  • ¿Se mide el grado de avance y de cumplimiento de la tramitación contractual por medios electrónicos? (reducción de tiempo, recursos humanos etc.)
  • ¿Se han establecido indicadores capaces de medir la eficiencia relacionando los «outputs» obtenidos (producto/resultado final) con los «inputs» utilizados (recursos empleados en el proceso productivo).

Estos indicadores deben ser capaces de medir la eficacia tratando de determinar cuándo una entidad o intervención no produce los resultados o impacto esperados.

Entre los riesgos generales en este ámbito cabe destacar los siguientes:

–> Deficiencias en la concepción de las políticas como, por ejemplo, inadecuada evaluación de las necesidades, falta de claridad o de coherencia de los objetivos, inadecuación de los medios de intervención o imposibilidad práctica de aplicación.

–> Deficiencias en la gestión como, por ejemplo, incumplimiento de objetivos o gestión en la que no se priorice la consecución de objetivos.

Posibles fuentes de datos: herramientas propias de gestión (RRHH, recursos financieros, materiales etc.), control interno, auditorías, contabilidad (analíticas/costes)…

CONCLUSIONES FINALES

La medición del desempeño es el proceso por el que los distintos entes públicos establecen los criterios para determinar la calidad de sus actividades, sobre la base de los objetivos previamente establecidos.

Debemos acostumbrarnos a medir toda la actividad que llevamos a cabo. La obtención de datos, así como su correcto tratamiento, debe proporcionar información relevante para la toma de decisiones y para evaluar el desempeño de las políticas/actividades implementadas, así como la de los agentes implicados en las mismas.

En el ámbito concreto de la contratación pública debemos ser capaces de definir una adecuada política de evaluación de todo el proceso de compra pública, esto para indudablemente por el establecimiento de procesos de análisis y control, a través de eficaces indicadores que permitan determinar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales.

Para acabar vuelvo al principio del presente artículo: Esencia y objetivo de la medición:

“Si no medimos lo que hacemos, difícilmente podremos controlarlo; si no controlamos lo que hacemos, no podremos dirigir y tomar decisiones adecuadas –> provocando que no podamos mejorar lo que hacemos”.

[1] Extracto de mi artículo publicado en el OBCP: “Medidas de buen gobierno introducidas por la nueva Ley de Contratos del Sector Público” Del propio contenido de esta Ley puede extraerse una definición de “buen gobierno” como aquel conjunto de principios y acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, promoviendo una adecuada transparencia en la gestión de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia (tripe “e”) y con la finalidad última de satisfacer el interés general, por parte del conjunto de sujetos incluidos dentro de su ámbito subjetivo de aplicación (arts. 2 y 3 de la Ley 19/2013). Por tanto, y a modo de resumen, al menos cuatro son los principios imprescindibles para que podamos hablar de buen gobierno:

  • Cumplimiento y observancia de la normativa vigente aplicable y asentamiento de programas “compliance” → Legalidad.
  • Gestión pública transparente y accesible al conjunto de la ciudadanía → Transparencia y rendición de cuentas.
  • Actuación de dicha gestión conforme a los principios de eficacia, economía y eficiencia → Eficacia, economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
  • Toda actuación de las administraciones públicas debe estar orientada a servir con objetividad los intereses generales de toda la ciudadanía. → Satisfacción de los intereses generales.
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